Quienes vivimos nuestra infancia y adolescencia durante la dictadura paraguaya alineada con Washington, tenemos fresco el recuerdo de las marciales imágenes de los dictadores militares de Brasil y Paraguay reuniéndose en la frontera de ambos países para inaugurar por etapas los distintos avances de Itaipú, en su momento la más grande represa hidroeléctrica del mundo.
Era una liturgia reiterativa y aburrida que se constituía en puntal de la propaganda del régimen autoritario. La promesa de prosperidad y porvenir venturoso para el pueblo paraguayo saturaba los espacios de la prensa y los medios de comunicación, ya en manos entonces la mayoría de ellos de quienes hoy siguen siendo los amos de la prensa en Paraguay.
¿De quién fue la idea de aprovechar el potencial hidroeléctrico del Paraná en sociedad con Brasil?
Buena pregunta para los seguidores del cura con hijos y escoria de la iglesia católica Fernando Lugo, para quien una media sanción de un parlamento extranjero es motivo de festejo. La respuesta es muy fácil: la idea fue del gobierno del general Alfredo Stroessner Matiauda.
Por una casualidad muy casual, los mismos publicistas que construyeron la imagen de Stroessner, como Zucolillo y Rubin, hoy trabajan para transferir méritos a su nuevo pupilo, el cura Fernando Lugo.
También la Policía de Stroessner sigue siendo la misma, no en balde la filial de Amnistía Internacional (AI) en Paraguay pidió hoy al gobierno de Fernando Lugo promover acciones para poner fin a la tortura y otros tipos de maltratos policiales en este país sudamericano.
En el marco de su campaña "Seguridad con derechos humanos", la organización humanitaria demandó a la administración de Lugo que ponga fin a la "impunidad de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes".
La organización mencionó que se mantiene la aplicación de métodos inhumanos como el del "submarino seco", consistente en ahogar al detenido en su propia respiración; golpes en las manos y los pies con cachiporras de goma para evitar que queden rastros y la simulación de una ejecución.
También forman parte del cuestionado "trabajo" de los organismos policiales y de seguridad del Estado paraguayo las amenazas de muerte y coacción sexual "para ablandar a las personas detenidas",
Advirtió que pese a la ratificación en mayo del año pasado por parte del gobierno de Paraguay de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aún no se cumplió con algunos requisitos.
AI detalló que el gobierno paraguayo no hizo la declaración prevista para aceptar que se presenten comunicaciones individuales a otros Estados, y también pide el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Verdad y Justicia (CVJ).
No hay comentarios:
Publicar un comentario